Las Siete Polas estamos listas para apoyar el Paro Nacional de mañana 21 de noviembre. Desde temprano vestiremos nuestros cuerpos y corazones de morado y saldremos a las calles a protestar, venciendo el miedo y la incertidumbre que el mismo gobierno nos ha infundido para callar el clamor colectivo por una sociedad sin desigualdades, violencia ni injusticias. Estas son nuestras razones para marchar:
1. El Gobierno no garantiza los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias ni discriminación
Nos están matando y el silencio estatal es cómplice. Medicina Legal reportó que de los 404 casos de asesinatos de mujeres registrados en el año 2018, 78 fueron catalogados bajo la circunstancia feminicidio. En junio de 2019, mientras que Medicina Legal y la Fiscalía reportaban que entre enero y marzo de 2019 iban 48 casos de feminicidio, el Fundación Feminicidios Colombia reportó 71. A pesar de la adopción de la Ley 1257 de 2008 hace más de 10 años, el Estado sigue en mora de garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencias.
Desde la Sentencia C-355 de 2006, el Gobierno tiene la responsabilidad de adoptar medidas para garantizar nuestro derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, las mujeres seguimos enfrentando múltiples barreras de acceso para interrumpir nuestros embarazos. De esta manera, el Estado vulnera nuestros derechos, nos obligan a ser madres o pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, en especial de las mujeres más pobres, que son quienes acuden a abortos clandestinos e inseguros. En 2016 se calculaba que 70 mujeres mueren al año por abortos clandestinos y que el 53% de los abortos clandestinos practicados en el medio rural pobre terminaba en complicaciones para las mujeres, frente a un 33% para todos los abortos clandestinos practicados.
El gobierno de turno, desde su campaña presidencial, se ha aliado con sectores religiosos fundamentalistas que históricamente han negado la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y ha condenado la diversidad sexual y de género. Recordemos que estos sectores han promovido iniciativas como el referendo para prohibir la adopción por parejas del mismo sexo y han participado activamente en la construcción del miedo colectivo hacia la famosa “ideología de género”, que en 2016 fue decisivo para el triunfo del “no” en el plebiscito por la paz. La alianza del Estado con la Iglesia amenaza el Estado laico, y por ende, también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la diversidad de género.
Las mujeres seguimos siendo las principales encargadas de trabajo de cuidado del hogar de la familia, por lo cual no recibimos remuneración. Según el DANE, entre 2016 y 2017 las mujeres dedicaron más de 7 horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres solo dedicaron poco más de 3 horas en el mismo período. Esta situación perpetúa nuestra desigualdad económica, dependencia de los hombres y nos mantiene al margen del poder y el espacio público.
2. El Gobierno incumple los Acuerdos de Paz
El conflicto armado tiene consecuencias diferenciales y atroces para las mujeres. El Centro de Memoria Histórica señala en su informe “La guerra inscrita en el cuerpo” que los grupos armados han utilizado la violencia sexual como arma de guerra: para amedrentar, silenciar y castigar a las mujeres que tenían posiciones de liderazgo y autoridad en sus comunidades, para “corregir” a mujeres lesbianas y trans, o para enviar un mensaje de apropiación y dominio al enemigo y para obtener información sobre sus adversarios.
Entonces, la JEP y demás medidas del componente de justicia acordados en los Acuerdos de Paz, son la única garantía de acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto. La implementación y puesta en marcha de este sistema nos permitirá conocer las dinámicas de la violencia contra las mujeres dentro del conflicto, sancionar a sus perpetradores y garantizarle a las víctimas una reparación digna. Obstaculizar la implementación de los Acuerdos es negarle la justicia a las mujeres.
3. El Gobierno no protege a los y las líderes sociales y ejecuta niños y niñas en operativos militares
Indepaz calcula que posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, 627 líderes indígenas, afro, campesinos y campesinas, ambientalistas, ex combatientes de las Farc y sus familiares han sido asesinados. Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para los activistas sociales y ambientales, y sin embargo, ha sido incapaz de protegerles. Ni siquiera se ha preocupado por mostrar un mayor compromiso con ello, como lo evidencia su negativa a firmar el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional único en América Latina donde se incluía un compromiso expreso por la protección de líderes sociales.
Aunado a esto, en un operativo militar realizado el 29 de agosto en el Caquetá, que el Presidente Duque calificó de “impecable”, 8 niños y niñas fueron asesinados (número que sigue siendo incierto). Al conocerse la noticia, miembros del Gobierno y de su partido, incluyendo al Senador Álvaro Uribe y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, justificaron el hecho diciendo que los niños eran guerrilleros. De manera indolente y canalla, el Gobierno no solo faltó su deber de garante frente a niños reclutados por grupos armados, sino que los condenó a la muerte.
4. El Gobierno desprotege y criminaliza la protesta social
La protesta social es un derecho fundamental y una herramienta indispensable para los movimientos sociales, incluido el feminismo, en la búsqueda de sociedades justas. Sin embargo, desde la convocatoria al Paro del 21 de noviembre, el Estado, incluyendo al Gobierno comandado por el Presidente Duque, la Fiscalía y la Fuerza Pública, así como el partido de gobierno y personajes aliados a este, han emprendido una campaña de desprestigio, intimidación y criminalización de la marcha. Desde hace varios días ronda en las redes sociales y las conversaciones cotidianas el lema “yo no marcho, yo trabajo”. Esta frase, además de contribuir a la profunda estigmatización de la protesta social que se vive en Colombia, es bastante desagradecida, pues todas las personas en este país gozamos de muchos derechos gracias a que alguien en el pasado puso su cuerpo por la causa en la calle. Además, desde el inicio de la semana hemos visto la militarización del espacio público, y varios líderes convocantes del paro, artistas y medios independientes han denunciado allanamientos en sus hogares y a sus propiedades ordenados por la Fiscalía. Estos intentos del Estado de intimidar a quienes nos unimos al Paro para disuadirnos de salir a las calles mañana desconoce el derecho de todas las personas a protestar pacíficamente y nos pone en riesgo.
Como parte de la campaña de desprestigio, los opositores al paro afirman que quienes marchamos, aparte de vagos, somos vándalos o guerrilleros, y que solo queremos invadir las calles para destruir los bienes públicos. La difusión de estas ideas en los medios suele causar un sentimiento de inconformidad que termina legitimando el uso desmedido de la fuerza sobre los manifestantes, inclusive quienes no participan de actos violentos. Algunas de nosotras hemos sido testigos del uso desproporcionado de la fuerza de la Policía y el ESMAD contra personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la protesta. Las Siete Polas nos oponemos enérgicamente al uso desmedido de la fuerza por parte de los cuerpos policiales del Estado en el ejercicio de la protesta social.
Como feministas, también resaltamos la importancia de mirar de manera crítica la forma como los cuerpos policiales del Estado suelen emular el poder patriarcal. Son estructuras jerárquicas, que conforman una élite preponderantemente masculina que se arroga el poder del uso de la fuerza y las armas como forma de establecer el orden en una sociedad. Pero tanto como el patriarcado, con frecuencia la responsabilidad de garantizar el orden se convierte en una excusa para reprimir y anular. En una sociedad democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana, la fuerza nunca puede anular a la disidencia. Solo las dictaduras hacen eso.
Las Siete Polas nos movilizaremos como parte de la ola morada, el grito de las colectivas feministas por un Estado que garantice los derechos de las mujeres, la vida de los niños, niñas y líderes sociales, la paz y la protesta social.
SietePolas 