La falacia de la discriminación inversa

Con el llamado de mujeres y feministas para que el Consejo de Estado forme una terna de solo mujeres para la elección de una Magistrada de la Corte Constitucional, en las redes se reactivó el famoso argumento de la discriminación inversa. Esto es, el argumento de que exigir una terna de solo mujeres es discriminatorio. 

Parecerá que soy terca por dedicarle una columna a un argumento de Iván Cancino. Pero el argumento de la discriminación inversa, y de que las mujeres deberíamos llegar a cargos de poder sin preferencias y solo por méritos, no es exclusivo de los anti-derechos y la derecha. En distintos momentos he escuchado cosas bastante similares de hombres de izquierda que se muestran como aliados de las causas feministas. Ahora, lo que realmente me lleva a escribir al respecto es que estos argumentos están logrando convencer a muchas mujeres de rechazar y querer abolir las acciones afirmativas y leyes de cuotas. Y ante eso ya no puedo quedarme en silencio.

¿Qué y para qué son las acciones afirmativas?

Las acciones afirmativas son medidas, políticas o decisiones que buscan darle un trato preferencial a determinadas personas o grupos sociales históricamente marginados o discriminados, con el fin de avanzar hacia la igualdad real. Parten de reconocer que no basta con decir formalmente –es decir, en la ley, en el papel–, que todas las personas somos iguales para que la igualdad sea un hecho material. En cambio, reconocen que aún operan en nuestra sociedad órdenes de discriminación y opresión –en razón del género, la clase social, la raza, la etnia o la orientación sexual– que se traducen en barreras para que ciertos grupos sociales accedan a derechos básicos y al poder. Su propósito es corregir este desbalance, y el medio para conseguirlo es un trato diferenciado y ventajoso que neutralice estas barreras y compense por la exclusión histórica que ha mantenido a estos grupos al margen de lo público. 

Las acciones afirmativas son triunfos para los movimientos de mujeres. Si no fuera por acciones afirmativas como la Ley de Cuotas, las mujeres no estaríamos hoy en la política. Aunque, la verdad sea dicha, conformarnos con que la mitad de la población represente solo el 30% del poder público no es una opción.

“Entonces las acciones afirmativas sí son preferencias…”

Por definición, las acciones afirmativas sí implican tratos “formalmente” desiguales, que es a lo que apela Cancino. Pero esto no es lo mismo que decir que resultan en discriminación, particularmente contra los hombres. Detrás de ese argumento está una sensación de injusticia de estar quitándole la oportunidad a algunas personas con los mismos o más méritos para ostentar un cargo, solo por ser hombres. Una sensación de injusticia de que el ser hombre ahora parece una situación de desventaja para el acceso a cargos públicos y en general a los recursos. 

Pero lo que muestra nuestra historia y nuestras cifras actuales es que ser hombre es más una ventaja que una desventaja. Las mujeres somos al menos la mitad de la población colombiana, pero esto no necesariamente se ve reflejado en nuestras instituciones públicas. En el Congreso solo representamos el 20%, un valor menor frente al período 2014-2018. En las gobernaciones representamos el 20%, en las alcaldías el 12% y en asambleas departamentales y concejos municipales poco más del 16%. Colombia obtuvo 54/100 en el Índice de Paridad Política de ONU Mujeres de 2016. En la Corte Constitucional, actualmente 3 de los 9 magistrados son mujeres. La primera mujer en convertirse en magistrada lo hizo en el 2003, más de 10 años después de creada la Corte. En ya casi 30 años de existencia, solo 5 mujeres han sido magistradas, en contraste con los 34 hombres que han ejercido este cargo. Ante semejante contexto, preferir es igualar, no discriminar.

Discriminar es que no haya paridad

La lucha feminista por la paridad en la representación política viene precisamente por este marcado desbalance en la composición de los estamentos públicos. Los datos son claros en que las mujeres estamos subrepresentadas en el poder. Sin embargo, para Cancino y otros adeptos al argumento de la discriminación inversa, lo excluyente no es el sistema, no es la política, no es la Corte Constitucional, que siempre han estado conformados mayoritariamente por hombres. Las excluyentes somos las feministas que queremos estar justamente representadas en el poder. 

Es preocupante escuchar argumentos queriendo defender esa disparidad, como si el ejercicio mayoritario del poder fuera un derecho adquirido de los hombres y que las pretensiones de la mitad de la población de querer una representación adecuada fuesen una osadía y una exigencia desproporcionada o injusta. Al parecer, tan adueñados están los hombres del poder, y tan acostumbrado el mundo a eso, que exigir paridad en la toma de decisiones públicas, reflejando nada más y nada menos que la composición de la sociedad sobre la que recaen esas decisiones, les parece pedir demasiado. El modelo de poder que protege el argumento de la discriminación inversa es el de un gobierno masculino y heteronormado, no un gobierno “no discriminatorio”, como lo presenta Cancino. 

El argumento de la discriminación inversa encierra una ilusión de supuesta neutralidad de nuestras normas. Una creencia de que las reglas, como están montadas, son neutrales, y que somos las mujeres pidiendo acciones afirmativas las que estaríamos defraudando la neutralidad. Pero no es posible tener normas neutrales, o aplicar normas esperando que sus efectos sean neutrales, en una sociedad que claramente no lo es. El derecho no es ajeno a las dinámicas y órdenes estructurales que atraviesan la sociedad en la que nacen. En sociedades desiguales, las normas instituyen órdenes desiguales. Más aún cuando quienes las crean son élites de poder, que construyen sistemas jurídicos a su propia medida, en sus propios términos y con base en su propia visión del mundo. De hecho, una de las razones para seguir apostándole a la paridad es precisamente para fortalecer la democracia: “Mientras [las mujeres] sigan excluidas, habrá un déficit democrático en el país”. 

¿Cuestión de mérito?

Quizás la idea que más resuena de la discriminación inversa es que las mujeres y otros grupos históricamente oprimidos deberíamos llegar al poder con nuestros méritos y capacidades, y no exigiendo tratos preferenciales. Muchas mujeres entraron en ese juego y afirman que con exigir acciones afirmativas las mujeres estamos asumiendo un rol de víctimas, que estamos apelando a la lástima o pidiendo favores para llegar a cargos de poder. 

De un lado, resulta bastante ingenuo pensar que los hombres que hoy ostentan mayoritariamente el poder llegaron a sus cargos exclusivamente por el mérito y que el ser hombres no jugó ningún papel. Esto no es así. Ser hombres sí que genera unas condiciones propicias para educarse más y mejor, tener más dinero, tener más tiempo por no tener que ocuparse del cuidado, acumular mayor capital social, librarse de prejuicios y violencias por estar ocupando el espacio público, todas condiciones claves para llegar a posiciones de poder. Y esto mismo aplica para otros regímenes de privilegio: ser mestizo, ser clase alta o ser heterocis. 

Y por otra parte, las acciones afirmativas no son condescendientes ni son favores para las mujeres ni ningún grupo históricamente discriminado. Tampoco son incompatibles con la trayectoria académica, profesional y personal de las mujeres que aspiran al poder (¿por qué presumimos de entrada que las mujeres no van a estar calificadas, pero no dudamos de que todos los hombres en cargos de poder sí lo están?). La acción afirmativa de preferir a una mujer para convertirse en Magistrada de la Corte Constitucional, o para cualquier cargo público, es un reconocimiento enfático de que el machismo existe y aún le impide a las mujeres competir en condiciones de igualdad. Es una apuesta política por tener más mujeres tomando decisiones, por la realización de la igualdad material y por democratizar el poder. 

No sobra aclarar que la real conquista feminista es que haya feministas en el poder, pues ya sabemos que hay muchas mujeres cómplices del patriarcado en la política. Pero para llegar a esto las acciones afirmativas siguen siendo necesarias. Renunciar a ellas porque existan “Marías del Rosario Guerra” solo va liberar espacio para más como John Milton Rodríguez. 

Convencernos de que las acciones afirmativas son dañinas para las mujeres, y que ahora seamos las mujeres oponiéndonos a ellas, es una estrategia que está resultando muy efectiva para que renunciemos a medidas que en su esencia llevan el reconocimiento de la exclusión y opresión histórica de las mujeres y otros sujetos feminizados y oprimidos. Pero no nos dejemos confundir. Cancino y los defensores de la discriminación inversa no están velando por los intereses de las mujeres ni por la democracia. Están protegiendo su monopolio sobre el poder.