En todos los continentes del mundo, con excepción de África, las tasas de natalidad están disminuyendo. En América Latina, las mujeres pasaron de tener en promedio 6 hijos a 3 en los últimos 25 años. En Colombia, la tasa de natalidad en el 2017 fue de 16 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que en 1960 la tasa de natalidad en nuestro país era de 45 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Para que la población mundial permanezca estable, las mujeres deben tener un promedio de 2.1 hijos y la tendencia actual en muchos países, especialmente en los países del norte global, está por debajo de este promedio de equilibrio. En total, en la mitad de los países del mundo no están naciendo suficientes personas para garantizar que el sistema económico y social sea sostenible.
CIA World Factbook 2017.
Las bajas tasas de natalidad, sobre todo en los países del norte global, tienen muy preocupados a los políticos. Como lo explica Charlotte Mcdonald en su análisis sobre el discurso de la natalidad y la extrema derecha, el problema de la disminución en la tasa de natalidad es que “junto con la población que se envejece, las consecuencias incluyen pueblos que pierden casi la totalidad de la población, surge un falta de masa laboral para cuidar de los adultos mayores, una masa salarial menguante para sostener el crecimiento económico…”. Mi intención con esta columna es explicarles por qué esto es una muy mala noticia para los derechos de las mujeres.
A través de la historia, cada vez que se han implementado políticas de control de natalidad, ya sea para incentivar a las mujeres a tener más hijos o para limitar el número de bebés que nacen, nuestros derechos han sido vulnerados. Les voy a dar dos ejemplos históricos. El primero y tal vez el más presente en nuestro imaginario social es la política de un solo hijo en China. Fue la política de control de natalidad más ambiciosa y restrictiva de la historia moderna y, según los datos del gobierno chino, permitió evitar el nacimiento de 400 millones de personas. La política fue implementada en 1980 y limitaba el número de hijos que podía tener una familia a través de medidas coercitivas e incentivos económicos y sociales. En zonas urbanas solo estaba permitido tener un hijo, con algunas excepciones por motivos étnicos y religiosos. En zonas rurales se incentivaba fuertemente a tener un solo hijo, pero las familias podían tener dos cuando el primero era una niña (por aquello de que no valemos ni contamos).
Para garantizar el éxito de la política, el gobierno chino volvió obligatorio el uso de anticonceptivos, específicamente el uso de un dispositivo intrauterino (DIU) alterado que era imposible de extraer sin intervención médica. Meses después de que una mujer diera a luz, recibía la visita de un representante del gobierno que le informaba que estaba obligada, por ley, a someterse a un procedimiento quirúrgico para implantar el DIU. El dispositivo solo era removido después de la menopausia.
El segundo ejemplo es la política agresivamente pronatalista instaurada por el régimen de Ceausescu en Rumania en los años 60. Enfrentado a un panorama similar al que vivimos hoy, el Régimen rumano tomó decisiones drásticas para aumentar la tasa de fecundidad del país y evitar el colapso económico. La primera medida tomada en 1966 fue la prohibición del aborto excepto en tres causales (curiosamente las tres causales reconocidas hoy en Colombia) y la modificación del código penal para introducir duras penas a las mujeres que abortaran por fuera de estas causales. Se introdujo también un impuesto a las parejas sin hijos, quienes debían pagar anualmente hasta el 20% de sus ingresos al Estado si no habían tenido hijos. Se modificaron las leyes que regulaban el divorcio para volverlas mucho más restrictivas, pasando de 26.000 divorcios al año en 1966 a tan solo 28 en 1967. Se prohibió la importación de anticonceptivos, lo que en la práctica significaba su prohibición absoluta porque Rumania no producía ningún tipo de método anticonceptivo dentro de su territorio.
A finales de la década de los 60, la tasa de natalidad había efectivamente aumentado. Pero el éxito de la política se vio opacado por la creciente tasa de mortalidad infantil y materna y eventualmente la tasa de natalidad volvió a disminuir. En consecuencia, en 1975 se impuso una segunda ola de regulaciones. En primer lugar, el código laboral se volvió mucho más flexible para acomodar las necesidades de mujeres embarazadas y ciertos trabajos con alto impacto físico fueron prohibidos para las mujeres. La edad mínima para contraer matrimonio disminuyó a 15 años. Todas las mujeres en edad fértil (incluyendo niñas en la pubertad) debían someterse a exámenes ginecológicos mensuales destinados a detectar embarazos y obligar a las madres a llevarlos a término. El aborto se prohibió en todos los casos excepto para mujeres con más de 5 hijos. Todos los abortos espontáneos eran investigados como posibles delitos penales (¿por qué me recuerda al caso de Nicaragua, Honduras y El Salvador?). Los lugares de trabajo abrieron comités de ginecología para controlar a las mujeres asalariadas e investigar la vida sexual de las parejas sin hijos. Todo esto acompañado de generosos subsidios a las parejas con más de tres hijos y elevadas multas para parejas infértiles.
Estos dos ejemplos escalofriantes, que nada le tienen que envidiar al Cuento de la Criada de Margaret Atwood, nos muestran que cuando la natalidad se vuelve un tema central de la política del Estado, las mujeres somos tratadas como nada más que una incubadora. Nos volvemos objetos de reproducción sigilosamente controlados. Dejamos de ser individuos, humanos, sujetos de derecho. Nos volvemos animales. No solo hay una limitación cruel y significativa de los nuestros derechos sexuales y reproductivos, sino que nuestros derechos más básicos, como el derecho a la vida, a la autodeterminación, y a la igualdad, son completamente pisoteados.
Y les tengo una mala noticia. El debate sobre las tasas de fecundidad no solo está de vuelta, sino que ha sido secuestrado por los partidos de derecha y populistas. Y esta combinación hace que las políticas de control de natalidad no solo sean sexistas, sino también profundamente racistas. ¿Acaso no les parece irónico que algunos países con las menores tasas de natalidad tienen leyes muy restrictivas de la inmigración? Si se necesita un aumento en la masa salarial y en la fecundidad, parecería lógico que se acepte con los brazos abiertos a los inmigrantes. Sin embargo, no es el caso. Las políticas actuales de Hungría son un buen ejemplo. Siendo uno de los países con menor proporción de nacimientos en Europa, el gobierno de Viktor Orbán impuso normas para incentivar a las mujeres en Hungría a tener más hijos. Toda mujer con más de 4 hijos será exenta de por vida de pagar impuestos y podrá recibir generosos préstamos sin intereses. El propio presidente anunció que el fin de la medida era “Defender el futuro de Hungría sin depender de la inmigración”, y aunque no lo dijo, podemos asumir que se refiere especialmente a la inmigración musulmana, pues en paralelo, el gobierno de Orbán ha implementado leyes crueles para limitar el número de solicitantes de asilo y refugiados sobre el territorio.
Barrera en la frontera de Hungría. Foto del Wall Street Journal.
Esta reticencia virulenta a recibir inmigrantes a pesar de enfrentar una crisis de natalidad se basa en lo que se conoce como la “teoría del gran reemplazo”, una idea que hasta hace algunos años solo era popular en los grupos más extremos y periféricos de la extrema derecha. La teoría del reemplazo fue creada por un filoso de extrema derecha (y reconocido racista) francés (que no merece ser nombrado) quien argumenta que las mujeres blancas no están teniendo suficientes bebés y en consecuencia dentro de algunas generaciones otras razas van a reemplazar al hombre blanco. Y como lo explica Nellie Bowles del New York Times, la teoría del reemplazo como casi todas las teorías fundamentalistas “requiere la subyugación de las mujeres”.
Para estos grupos de extrema derecha, el problema de la tasa de natalidad es la base de un choque de civilizaciones. La “civilización blanca” que ellos defienden está en una posición de desventaja porque las mujeres blancas tienen la menor tasa de fecundidad. Y la culpa de esto es, según ellos, del feminismo, de la liberación de la mujer, de su entrada en el mercado laboral y hasta de su capacidad de votar. Estos derechos les dieron la posibilidad a las mujeres de dejar de lado lo que los fascistas consideran su función principal: la reproducción. Esta teoría misógina y racista puede ser resumida en el tweet del político republicano Steve King: “No podemos restaurar la civilización con los bebés de alguien más”.
Es fundamental que las feministas le empecemos a poner atención al tema de la natalidad porque es muy importante. No porque sea nuestro deber como mujeres reproducirnos, ni porque el Estado tenga derecho a imponer cómo, cuándo y cuántos hijos podemos tener. Es importante porque el tema de la tasa de natalidad va a ocupar un puesto central en las políticas públicas del futuro y no podemos dejar que la extrema derecha coopte el debate. Es importante porque nuestro estatus como personas y sujetos de derecho está en juego. Es importante porque tenemos que deconstruir la maternidad patriarcal, heteronormativa y capitalista que impone la carg absoluta de la reproduccion y crianza a las mujeres. Es importante porque hay modelos sociales de cuidado y crianza mucho más justos e igualitarios que debemos empezar a normalizar. Es importante porque hay una manera feminista de ver, entender y proponer soluciones al problema de la natalidad que no es parte del debate en la actualidad y depende de nosotras que la conversación empiece a darse desde el lente de la igualdad.
La igualdad de género no es enemiga de la natalidad. Es exactamente lo contrario. No es verdad que las mujeres tengamos menos hijos porque tenemos mayor acceso a la educación y el mercado laboral, esta respuesta es muy simplista. Tampoco es verdad que las tasas de fecundidad puedan explicarse exclusivamente por el acceso a anticonceptivos o a la interrupción voluntaria del embarazo, porque el número de abortos tiende a permanecer estable o a disminuir cuando es legalizado. No. No es el hecho que tengamos muchas más herramientas para decidir libremente lo que hace que estemos teniendo menos hijos porque el tener hijos no es ni intrínsecamente femenino ni intrínsecamente anti feminista.
Tenemos menos hijos porque el sistema sigue siendo desigual. Al tiempo que podemos estudiar y trabajar, seguimos teniendo la responsabilidad casi exclusiva del cuidado de los hijos, el hogar, y las personas mayores o con discapacidad. Es la desigualdad en la repartición del cuidado, el rol impuesto de madres y cuidadoras, la repartición desigual de la administración del hogar que hace que mujeres preparadas, trabajadoras o emprendedoras decidan tener menos hijos. Si la carga del cuidado de los hijos no reposara exclusivamente sobre nosotras, las mujeres que lo desean tendrían incentivos para tener más hijos. Y tenemos muchos ejemplos de esto.
Los países del norte global que priorizan la igualdad de género en las políticas públicas tienen una tasa de natalidad más elevada que otros países desarrollados. Los países que actualmente tienen las menores tasas de fertilidad son aquellos que son económicamente desarrollados, pero tienen políticas públicas y sociales conservadoras. El demógrafo australiano Peter McDonald lo explico muy sucintamente: “Si las mujeres tienen oportunidades de acceso a la educación y al empleo iguales a las de los hombres, pero estas oportunidades son severamente reducidas por tener hijos, en promedio, las mujeres van a restringir el número de hijos que tienen hasta un punto que deja la fertilidad en un nivel precariamente bajo a largo plazo”.
Que esta sea una invitación para poner atención al creciente debate sobre la natalidad. De nosotras depende que el discurso se de desde un punto de vista feminista e igualitario, y no desde un punto de vista racista y misógino. Que se entienda que tener hijos no es un tema solo de mujeres, sino un tema de la sociedad.
SietePolas 